(Un artículo de Juan Alberto González. Economista y Senior de Secot)
La actual situación económica provocada por la crisis del coronavirus está originando consecuencias muy graves en las empresas y en las personas que irán empeorando hasta que se empiece a normalizar la situación de confinamiento.
El Banco de España, BdE, que estima que la economía española se habría contraído ya un 4,7% en el primer trimestre a pesar de que el confinamiento solo afectó a la segunda quincena de marzo, bosqueja tres escenarios posibles, que en el mejor de los casos arroja una caída del PIB del 6,6% y, en el peor, un desplome de hasta el 13,6%, con tasas de paro que se dispararían a una horquilla de entre el 18,3% y el 21,7%, frente al 13,7% con que cerró el cuarto trimestre de 2019.
El cuadro más benigno sería que se produjera rápidamente una “normalización casi completa” de la actividad, algo que se antoja muy poco probable. máxime cuando el propio Gobierno ha reconocido que ese proceso de normalización se realizaría en dos fases y la segunda se prolongaría hasta final de año. El escenario que más teme el supervisor financiero es aquel en el que el confinamiento se prolongaría durante doce semanas y se llegaría al término del ejercicio con una “normalización incompleta”, especialmente en las “ramas ligadas a la hostelería y el ocio”, y en el pequeño comercio y autónomos no esenciales.
Sin embargo, a medida que pasan los días, el escenario que gana fuerza es el de que la normalidad total no llegará antes de final de año.
En el peor de los escenarios analizados por el supervisor, el PIB perdería en un solo ejercicio casi todo el crecimiento acumulado entre 2015 y 2019, La economía perdería de un plumazo más de 169.000 millones de euros y la mayor parte de los 14,1 puntos de PIB sumados laboriosamente entre 2015 y 2019, mientras que el paro se dispararía hasta por encima de los 5 millones de desempleados (1,8 millones más que al cierre del ejercicio pasado).
Sin embargo, a medida que pasan los días, el escenario que gana fuerza es el de que la normalidad total no llegará antes de final de año.
En el peor de los escenarios analizados por el supervisor, el PIB perdería en un solo ejercicio casi todo el crecimiento acumulado entre 2015 y 2019, La economía perdería de un plumazo más de 169.000 millones de euros y la mayor parte de los 14,1 puntos de PIB sumados laboriosamente entre 2015 y 2019, mientras que el paro se dispararía hasta por encima de los 5 millones de desempleados (1,8 millones más que al cierre del ejercicio pasado).
En cuanto a las previsiones que manejan los expertos, apuntan a lo siguiente.
El turismo, que representa en España el 12,5% del Producto Interior Bruto (PIB), un porcentaje que se multiplica hasta el entorno del 35% si se incluyen todos los servicios asociados, está ahora totalmente paralizado y lo que se sabe es que los sectores relacionados con la hostelería, el turismo y el entretenimiento registran descensos del gasto entre un 60% y un 100%. Genera, además, 2,3 millones de empleos. Es por tanto pieza estructural para la economía española.
El Banco de España estima que la inversión productiva (bienes de equipo) se desplomará, en el mejor de los casos, un 33% y, en el peor,más de un 57%.
Las empresas utilizarán cualquier recurso disponible para sobrevivir.
Los hogares también elevaran su nivel de ahorro en la medida de lo posible ante la incertidumbre sobre el futuro de la economía. Como consecuencia, el consumo privado podría llegar a caer hasta un 12% en el escenario del mantenimiento de las restricciones hasta fin de año, aunque el BBVA Research estima una caída del 8,7% en el conjunto del año. También caerán las importaciones hasta un 22%, motivado en parte por el hundimiento del precio del petróleo, lo que permitirá a España mantener una balanza por cuenta corriente positiva, aunque las exportaciones caigan hasta un 19%.
La crisis también tendrá un impacto negativo sobre las cuentas públicas por la caída de la recaudación por menor actividad y aumento del gasto de protección social. La caída podía llegar hasta un 19,8% en 2020, el triple que hace 11 años con una disminución de recaudación sobre 2019 de más de 42.100 millones de euros.
Las principales caídas serían en el IVA, por el desplome del consumo y el impuesto de Sociedades por el derrumbe de los beneficios empresariales por el descenso o cese total de su actividad económica. Ambos tributos suponen el 45% de todos los ingresos del Estado.
El IRPF está determinado sobre todo por el comportamiento del empleo, que en marzo destruyó 834.000 puestos de trabajo y que irá en aumento en los próximos meses, disminuyendo los ingresos y los impuestos a pagar.
El BdE estima que el déficit llegaría hasta el 7,2% del PIB si las medidas de confinamiento se levantan rápidamente, pero se disparará hasta el 11% si se prolonga el confinamiento, y la deuda pública llegará hasta el 122% como consecuencia del aumento del déficit y del hundimiento del PIB.
Y, en cualquier caso, la economía seguirá muy lejos del nivel que habría alcanzado si se hubiera alcanzado si se hubiera mantenido la senda de crecimiento prevista antes de la pandemia. En concreto, el PIB será, como mínimo en torno a un 3% inferior.
La flexibilización de determinados pagos para que empresas y autónomos puedan ajustarlos a la estimación de ingresos reales y no con base en los de ejercicios anteriores representa un alivio nada desdeñable a unas tesorerías llevadas al límite por la congelación de ingresos provocada por el estado de alarma.
El turismo, que representa en España el 12,5% del Producto Interior Bruto (PIB), un porcentaje que se multiplica hasta el entorno del 35% si se incluyen todos los servicios asociados, está ahora totalmente paralizado y lo que se sabe es que los sectores relacionados con la hostelería, el turismo y el entretenimiento registran descensos del gasto entre un 60% y un 100%. Genera, además, 2,3 millones de empleos. Es por tanto pieza estructural para la economía española.
El Banco de España estima que la inversión productiva (bienes de equipo) se desplomará, en el mejor de los casos, un 33% y, en el peor,más de un 57%.
Las empresas utilizarán cualquier recurso disponible para sobrevivir.
Los hogares también elevaran su nivel de ahorro en la medida de lo posible ante la incertidumbre sobre el futuro de la economía. Como consecuencia, el consumo privado podría llegar a caer hasta un 12% en el escenario del mantenimiento de las restricciones hasta fin de año, aunque el BBVA Research estima una caída del 8,7% en el conjunto del año. También caerán las importaciones hasta un 22%, motivado en parte por el hundimiento del precio del petróleo, lo que permitirá a España mantener una balanza por cuenta corriente positiva, aunque las exportaciones caigan hasta un 19%.
La crisis también tendrá un impacto negativo sobre las cuentas públicas por la caída de la recaudación por menor actividad y aumento del gasto de protección social. La caída podía llegar hasta un 19,8% en 2020, el triple que hace 11 años con una disminución de recaudación sobre 2019 de más de 42.100 millones de euros.
Las principales caídas serían en el IVA, por el desplome del consumo y el impuesto de Sociedades por el derrumbe de los beneficios empresariales por el descenso o cese total de su actividad económica. Ambos tributos suponen el 45% de todos los ingresos del Estado.
El IRPF está determinado sobre todo por el comportamiento del empleo, que en marzo destruyó 834.000 puestos de trabajo y que irá en aumento en los próximos meses, disminuyendo los ingresos y los impuestos a pagar.
El BdE estima que el déficit llegaría hasta el 7,2% del PIB si las medidas de confinamiento se levantan rápidamente, pero se disparará hasta el 11% si se prolonga el confinamiento, y la deuda pública llegará hasta el 122% como consecuencia del aumento del déficit y del hundimiento del PIB.
Y, en cualquier caso, la economía seguirá muy lejos del nivel que habría alcanzado si se hubiera alcanzado si se hubiera mantenido la senda de crecimiento prevista antes de la pandemia. En concreto, el PIB será, como mínimo en torno a un 3% inferior.
La flexibilización de determinados pagos para que empresas y autónomos puedan ajustarlos a la estimación de ingresos reales y no con base en los de ejercicios anteriores representa un alivio nada desdeñable a unas tesorerías llevadas al límite por la congelación de ingresos provocada por el estado de alarma.
Una vez más, sin embargo, la adecuación de las medidas parece contrastar con la demora en su implantación. Ha pasado también más de un mes desde que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, anunció la movilización de hasta 200.000 millones de euros en recursos para el impulso de la economía, cifras equivalentes a un 16% del PIB nacional.
Pero hay una cosa que debe quedar clara. Las “ayudas” del gobierno no suponen subvenciones directas a fondo perdido a las empresas, ni el tema de los impuestos significa su condonación. En primer lugar, esos 200.000 millones no suponen ayuda directa, porque el gobierno no tiene se dinero.
Lo que está haciendo es dar unos avales para que las empresas puedan solicitar financiación para conseguir tesorería y liquidez para poder atender a sus compromisos de pago. Pero estos avales no están siendo operativos ya que el ICO está rechazando de forma masiva las solicitudes de estos avales, según indica El Economista, por lo que los bancos se están viendo en dificultades para conceder estos préstamos por el grave riesgo de impago que suponen. Igualmente, en el caso de impuestos y cuotas de seguridad social, no supone la eliminación de los mismos, sino su aplazamiento de pago.
Resumiendo, se puede decir que las empresas son las que van a tener que seguir respondiendo a sus obligaciones y, que, como consecuencia del cese de su actividad por esta crisis, no van a tener ingresos, aunque seguirán teniendo los mismos, o parecidos gastos fijos, y es previsible que muchas de estas empresas, sobre todo Pymes y autónomos, no van a poder aguantar y tendrán que cerrar con el consiguiente despido de sus trabajadores y el aumento del paro consiguiente.
El Gobierno ha ido abordando día a día problemas acuciantes, con soluciones que, sorprendentemente, pese a la lógica que parece revestirlas, se han ido dilatando en el tiempo.
Hoy, se les ofrece flexibilidad en el pago de impuestos, en lugar de la condonación o disminución de algunos impuestos, cuando para muchas pymes y autónomos el reto ha pasado a ser cómo mantenerse en pie.
Pero hay una cosa que debe quedar clara. Las “ayudas” del gobierno no suponen subvenciones directas a fondo perdido a las empresas, ni el tema de los impuestos significa su condonación. En primer lugar, esos 200.000 millones no suponen ayuda directa, porque el gobierno no tiene se dinero.
Lo que está haciendo es dar unos avales para que las empresas puedan solicitar financiación para conseguir tesorería y liquidez para poder atender a sus compromisos de pago. Pero estos avales no están siendo operativos ya que el ICO está rechazando de forma masiva las solicitudes de estos avales, según indica El Economista, por lo que los bancos se están viendo en dificultades para conceder estos préstamos por el grave riesgo de impago que suponen. Igualmente, en el caso de impuestos y cuotas de seguridad social, no supone la eliminación de los mismos, sino su aplazamiento de pago.
Resumiendo, se puede decir que las empresas son las que van a tener que seguir respondiendo a sus obligaciones y, que, como consecuencia del cese de su actividad por esta crisis, no van a tener ingresos, aunque seguirán teniendo los mismos, o parecidos gastos fijos, y es previsible que muchas de estas empresas, sobre todo Pymes y autónomos, no van a poder aguantar y tendrán que cerrar con el consiguiente despido de sus trabajadores y el aumento del paro consiguiente.
El Gobierno ha ido abordando día a día problemas acuciantes, con soluciones que, sorprendentemente, pese a la lógica que parece revestirlas, se han ido dilatando en el tiempo.
Hoy, se les ofrece flexibilidad en el pago de impuestos, en lugar de la condonación o disminución de algunos impuestos, cuando para muchas pymes y autónomos el reto ha pasado a ser cómo mantenerse en pie.
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